¿Necesitas información sobre la Ley Devuélveme la Casa? En el mundo de los arrendamientos de propiedades urbanas, la seguridad jurídica es esencial tanto para los arrendadores como para los arrendatarios. En Chile, la Ley N° 18.101 regula el arrendamiento de predios urbanos y ha sido una herramienta fundamental en este ámbito durante años. Sin embargo, con la incorporación de la Ley 21.461, conocida coloquialmente como la «Ley Devuélveme la Casa», se han introducido importantes modificaciones que reforzan los derechos de los arrendadores en situaciones específicas.
Origen de la Ley 21.461
La Ley 21.461 se promulgó con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a los arrendadores y agilizar el proceso de restitución de inmuebles en casos particulares. Fue promulgada el 30 de diciembre de 2020 y entró en vigencia el 1 de marzo de 2021. Esta ley incorpora cambios significativos a la Ley N° 18.101 y se enfoca en dos situaciones específicas respecto del arrendamiento (revisa este otro articulo sobre la nueva ley devuélvanme la casa para otras implicancias):
1. Destrucción parcial o inutilización de la casa
En primer lugar, la Ley Devuélveme la Casa se aplica cuando la propiedad arrendada sufre daños significativos debido a la falta de cuidado del arrendatario, lo que resulta en su destrucción parcial o en que quede inutilizada para su uso. En este caso, el arrendador puede solicitar la restitución consecuencial del inmueble arrendado.
2. Deudas de rentas de arrendamiento
En segundo lugar, esta ley se aplica cuando el arrendatario acumula deudas de rentas de arrendamiento. En este caso, el arrendador puede demandar la restitución del inmueble arrendado como consecuencia del incumplimiento del contrato de arrendamiento.
Procedimiento de Aplicación
Uno de los aspectos destacados de la Ley 21.461 es su procedimiento ágil y simplificado. En estos casos, el procedimiento parte directamente con la sentencia y solo se genera un «juicio» si el arrendatario se defiende dentro del plazo de 10 días. Si el arrendatario no se defiende, se procede directamente con la ejecución del desalojo. Lo importante, es que para que el juez dicte esta sentencia inmediatamente, tengas tu arrendamiento en regla, por escrito, y con buenos antecedentes.
Es importante destacar que si la demanda se basa en el no pago de rentas y el arrendatario paga la deuda dentro de los 10 días, la demanda se cae y no se procede con el desalojo. Esto brinda una oportunidad de ejercer medios de presión y mantener al arrendatario a raya.
Beneficios de la Ley Devuélveme la Casa
Esta ley introduce varios beneficios para los arrendadores diligentes que tienen sus asuntos en orden y documentados:
1. Agilidad en el proceso
Antes de la promulgación de esta ley, el proceso de restitución de un inmueble podía demorar seis meses o más, solo para primera instancia (sin considerar Cortes superiores de justicia). Con la Ley 21.461, los arrendadores pueden obtener una sentencia en más o menos una semana, lo que acelera significativamente la resolución de los casos.
2. Reducción de costos
Dado que se requieren menos notificaciones y el proceso es más corto, los costos asociados al juicio son menores. Esto beneficia tanto a los arrendadores como a los arrendatarios, ya que hay menos gastos.
3. Menores honorarios de abogados
Debido a la simplificación del proceso, los abogados también cobran menos por sus servicios en casos regidos por la Ley Devuélveme la Casa, lo que hace que la resolución de conflictos sea más accesible para todos los involucrados.
4. Eficiencia en casos de inactividad del arrendatario
Si el arrendatario no responde a la demanda, el proceso no se tiene que hacer completo igual como era antes. En lugar de eso, se procede directamente con la ejecución del desalojo, lo que garantiza que los arrendadores puedan recuperar sus propiedades de manera eficiente.
En resumen, la Ley 21.461, conocida como la «Ley Devuélveme la Casa», ha introducido importantes modificaciones a la Ley N° 18.101 en Chile, fortaleciendo los derechos de los arrendadores en situaciones específicas. Esta ley agiliza el proceso de restitución de inmuebles, reduce costos y beneficia a aquellos arrendadores que actúan diligentemente. Con su entrada en vigencia, se ha logrado un equilibrio más justo entre los derechos de los arrendadores y arrendatarios en el país.
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